Por Alfredo Zaiat
El análisis de cadenas de valor de sectores productivos ofrece material valioso para comprender el proceso de formación de precios.
Conocer quiénes son los protagonistas de esas cadenas y cómo se distribuye la renta entre cada uno de sus respectivos eslabones resulta revelador sobre las características de la estructura económica. También sobre quienes integran el poder económico y cómo subordinan a otros actores económicos de menor peso relativo. La diferencia entre el precio inicial y el final, o sea entre el productor primario y el consumidor, es una guía básica para estudiar un fenómeno económico que provoca malestar social. Es un primer paso para comenzar a neutralizar el discurso tradicional, reiterativo y superficial de la ortodoxia sobre el gasto público excesivo y la emisión monetaria desmedida para explicar el alza de precios.
Los niveles de concentración sectorial influyen en el tipo de organización productiva y, por lo tanto, en la formación de precios. El Gobierno se ha movido entre el voluntarismo político de pedir a las empresas con posición dominante que no aumenten precios y la fiscalización de acuerdos de precios. Ambas iniciativas se han probadas limitadas, con parciales resultados positivos y con signos de agotamiento. Una instancia superadora avanzaría sobre distorsiones que provocan desigualdades hacia el interior de cadenas de valor que se ven reflejadas en los precios al consumidor.
Los rasgos de la estructura productiva de la economía argentina son de una fuerte heterogeneidad, expresada en sectores formales y elevada productividad conviviendo con otros informales y baja productividad. Este tipo de economía dejada al libre juego de las fuerzas del mercado termina consolidando la concentración y la apropiación de gran parte de la renta sectorial por grupos dominantes. Varios sectores funcionan de esa manera. La intervención pública exige estudiar los segmentos productivos, comerciales y financieros de las cadenas de valor, y captar los factores políticos e institucionales de la distribución del excedente económico en cada una de ellas, para cambiarla.
Una de esas cadenas de valor, el complejo textil-indumentaria, sirve para ilustrar esa heterogeneidad productiva y, por consiguiente, para abordar la cuestión precios. En los últimos años se ha producido una ampliación de la brecha de precios entre productos destinados al consumidor de clase media y alta, y el resto. El aumento de precios en el segmento de alto poder adquisitivo derivó en que indumentaria básica tenga un valor equivalente en dólares más alto que el de otros mercados, como el estadounidense o europeo.
Los economistas Diego Coatz y Mariano Kestelboim detallan en la investigación La formación del precio de la ropa esa heterogeneidad productiva y las diferencias de precios dependiendo del mercado consumidor.
Explican que la plaza de indumentaria está fuertemente segmentada en un sector ABC1, con formalidad laboral y elevados precios de la indumentaria, que involucra al 20 por ciento del total comercializado, y otro informal con productos importados vía contrabando y de producción nacional también informal y precariedad laboral que alcanza al 80 por ciento restante. En este último mercado, “los precios son mucho más económicos”, afirman. A la vez señalan que la variable precio no es tan determinante de las decisiones de compra del segmento premium que se concentra en los shoppings. El consumo de las clases medias y bajas se trasladó mayoritariamente a otras zonas, como el Once, la calle Avellaneda en Flores y las ferias informales. Por eso indican que la mayor parte de la población accede a la indumentaria a precios mucho más bajos que en los shoppings.
El aspecto relevante del estudio de Coatz y Kestelboim es que se sumerge en la puja distributiva por la captación de rentas hacia dentro de la cadena de valor textil-indumentaria que opera en canales de venta formales. En ese sector igualmente el eslabón de la confección mantiene un elevado grado de informalidad y de trabajo clandestino. Esa puja se expresa en precios altos que terminan condicionado el análisis del fenómeno inflacionario general. Calcularon que en ese rubro de la actividad textil la formación de precios de la indumentaria se divide en 34 por ciento por el proceso industrial desde la materia prima hasta el producto final, 40 por ciento por los costos del canal comercial y financiero y 26 por ciento por impuestos.
De esa forma se distribuye la renta en la cadena de valor textil-indumentaria formal, porcentaje que revela una captación mayor por parte del rentista y el sector financiero. Este resultado se origina en que los espacios comerciales se fueron revalorizando por el doble efecto del exceso de demanda y de la especulación inmobiliaria. El dúo de investigadores informa que el costo de producción nacional de una prenda de marca apenas representa un 15 por ciento de su precio. Ponen como ejemplo que a valores actuales, fabricar una chomba en talleres formales, con estampa, apliques y avíos, cuesta 30 pesos, y su precio supera los 200. Coatz y Kestelboim lograron construir, con información proporcionada por firmas de marcas conocidas que solicitaron el anonimato por miedo a represalias, cómo los eslabones comercial y financiero de la cadena se apropian de la mayor porción de la renta del sector, lo que se refleja luego en precios elevados de la indumentaria al consumidor final.
Para ocupar un local en los shoppings, las firmas de marcas tienen que computar:
- El costo de admisión, conocido como “llave”, se abona por adelantado, suma de 20 a 25 alquileres y debe pagarse con cada renovación.
- Pagan además una comisión inmobiliaria (la percibe el propio shopping) del 6 por ciento sobre el total del contrato de 36 meses de alquiler.
- Para un local de cien metros, abonan el valor más alto de un alquiler mínimo de 50.000 pesos o el 7 por ciento de la facturación bruta con impuestos. Si una marca tiene una promoción con un descuento del 30 por ciento, no se calcula el alquiler por el porcentaje de lo que realmente factura, sino que se abona como si facturaran el ciento por ciento de la venta. “Así, el alquiler es un 42,9 por ciento más alto”, mencionan los investigadores.
- Las expensas, administradas por el shopping, cuestan más de 20.000 pesos mensuales y no son auditables.
- Las marcas abonan un fondo de publicidad inicial de unos 60.000 pesos y un aporte adicional mensual del 15 por ciento sobre el valor del alquiler.
- Las firmas de indumentaria de marcas no pueden diferenciar precios según el canal de venta (outlets, Internet o zonas menos explotadas comercialmente). “El poder de mercado de los grandes centros comerciales permite políticas de mercado abusivas, en las que se amenaza con la no renovación de los contratos a quienes busquen canales de venta alternativos”, afirman.
En el rubro costos financieros tienen que contabilizar los aranceles por la utilización de las tarjetas de crédito y débito, que se calculan sobre los precios de listas sin descuento, no por los efectivamente cobrados. En el caso de las tarjetas de crédito, el arancel es del 3 por ciento y en las de débito es del 1,5 por ciento. Cuando una marca vende en cuotas, la entidad financiera le adelanta a las 48 horas obligatoriamente el monto total del pago, previa aplicación de una tasa de descuento de 28 a 36 por ciento anual en concepto de carga por intereses. Además, los bancos financian una pequeña parte del costo de las promociones, sin llegar al 30 por ciento del total de los descuentos.
La suma de los costos inmobiliarios (concentrados en shoppings) y financieros (dominados por pocos bancos) tiene como saldo que la indumentaria de marcas se ofrezca a precios muy caros para conservar márgenes de rentabilidad, valores que igual son convalidados por los consumidores de alto poder adquisitivo. Coatz y Kestelboim concluyen que en la medida en que el crecimiento del consumo local no se resiente, el negocio de las marcas no se contrae, sino que el sistema promueve que el crecimiento de la renta se distribuya desproporcionadamente a favor de los locadores de inmuebles comerciales y de los bancos emisores de las tarjetas de crédito.
Esta forma de distribución de la renta al interior de la cadena textil-indumentaria se reitera en otros sectores, en especial en alimentos y bebidas, cuya expresión en los precios no tiene origen en cuestiones monetarias ni fiscales, sino en una estructura productiva que demanda otro tipo de intervención pública.
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